HUELGA
GENERAL
29 de marzo
No a la reforma laboral,
en defensa de los servicios públicos
29 de marzo HUELGA GENERAL
EL MOVIMIENTO SINDICAL,
LOS TRABAJADORES Y
LAS TRABAJADORAS
hemos decidido hacer uso
de nuestro legítimo
derecho de movilización
para expresar el más
absoluto rechazo
a la reforma laboral
impuesta por el Gobierno.
Es una reforma laboral
injusta, ineficaz e inútil,
enmarcada en un
ataque sin precedentes
al Estado de bienestar y
a los servicios públicos,
que va a provocar más
recesión y paro
No han querido negociar.
Estaban decididos a imponer
la reforma al precio que
fuera. Se han llevado por
delante toda la arquitectura
social y laboral que estaba
en vigor desde la transición
democrática. No se si son
conscientes de lo que hacen,
pero han abierto un conflicto
de consecuencias incalculables.
Nuestra obligación es
defender los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, y
hacerlo con todos los instrumentos
que la Constitución
pone en nuestras manos. La
huelga general es uno de
ellos. Nadie mejor que nosotros
sabe que la convocatoria de una huelga general ha de responder
a una situación excepcional. Y esta lo es. La reforma laboral
y el ataque al Estado de bienestar que el Gobierno ha puesto en
marcha exigen la respuesta social más amplia posible. Está en juego
nuestro modelo de convivencia. No olvidemos que se vulneran
derechos de los trabajadores y trabajadoras, de personas en paro,
de personas dependientes, de ciudadanos y ciudadanas, de pensionistas,
de jóvenes, de mujeres. Han cedido al chantaje de lobbys
financieros y grupos conservadores de la Unión Europea, han hecho
lo que la patronal les pidió. Y
además, no contentos con la
política antisocial decretada,
han alentado una campaña
indecente del aparato mediático
que les apoya contra el
movimiento sindical. Nos calumnian,
nos difaman, para no
explicar lo que hacen. Vamos
a responder con serenidad y
firmeza. El 29 de marzo conseguiremos
que millones de
trabajadores y trabajadoras
secunden la convocatoria de
huelga general. Y seguiremos
luchando.
“Nadie mejor que nosotros
sabe que la convocatoria
de una huelga general
ha de responder a una
situación excepcional.
Y esta lo es.
La reforma laboral y el ataque
al Estado de bienestar que
el Gobierno ha puesto
en marcha exigen la respuesta
social más amplia posible.
Está en juego nuestro modelo
de convivencia”
La legitimidad de una huelga
Ignacio Fernández Toxo. SECRETARIO GENERAL DE CCOO
“El 29 de marzo conseguirenos
que millones de trabajadores
y trabajadoras secunden
la convocatoria de huelga
general”
29 de marzo HUELGA GENERAL
DECLARACIÓN DEL CONSEJO CONFEDERAL DE CCOO
Y DEL COMITÉ CONFEDERAL DE UGT
Huelga general el 29M contra
la reforma laboral y en defensa
de los servicios públicos
n El Consejo Confederal de CCOO y el Comité Confederal de UGT, máximos órganos
de dirección de ambos sindicatos, han decidido convocar una huelga general el 29
de marzo, y mantener la presión social hasta que el Gobierno rectifique y abra una
negociación para abordar la reforma. Los sindicatos hacen un llamamiento a los trabajadores
y trabajadoras para que participen en esta huelga, así como al resto de la
ciudadanía para que la apoye y se manifieste contra estas medidas que, de llevarse a
cabo, acabarán con derechos históricos, que tanto costó conquistar.
La reforma laboral aprobada por el Gobierno, sin diálogo
ni negociación con los interlocutores sociales, es
una pieza más de las políticas de ajuste que promueven
las instituciones europeas, lideradas por los Gobiernos
de Alemania y Francia, para satisfacer las demandas
de los mercados financieros que especulan con las
deudas soberanas.
La Unión Europea, desde mediados de 2010, orientó
sus políticas para enfrentar la crisis exclusivamente hacia
la reducción del déficit público, renunciando a cualquier
estímulo a la reactivación económica y apostando
por la reducción del gasto social y la desregulación del
mercado laboral. En realidad, las políticas europeas no
buscan la mejor salida de la crisis, sino aprovechar la
“La reforma laboral del Gobierno interrumpe
el derecho del trabajo y lo reemplaza por una
ilimitada arbitrariedad empresarial; facilita y
abarata el despido; no reduce las modalidades
de contratación y por el contrario las aumenta
y precariza; introduce discriminaciones en
las posibilidades de empleo; rompe el equilibrio
de la negociación colectiva; y abre las puertas
al despido, por primera vez, en
las Administraciones Públicas”
misma para debilitar el Estado social y los derechos de
los trabajadores y trabajadoras.
Las políticas antes citadas no han conseguido los
objetivos anunciados; por el contrario han alejado el
crecimiento y la Unión Europea volverá a entrar en
recesión. El resultado es elocuente: 24,5 millones de
personas en paro. Imponer estas políticas también ha
comportado graves consecuencias para la calidad de
la democracia en Europa. No se ha dudado en forzar
cambios en las constituciones soberanas de varios
países, y en otros se han impuesto gobiernos tecnocráticos.
Todo ello promovido desde las élites políticas,
negando la participación de la ciudadanía. España es
un buen ejemplo de lo que decimos.
En nuestro país, las políticas aplicadas desde 2010 –a
las que ya respondimos con una huelga general el 29
de septiembre de 2010– han supuesto la paulatina
degradación de los servicios públicos y las políticas
29 de marzo HUELGA GENERAL
sociales que, en el marco de la crisis, está sirviendo de
coartada para su progresiva privatización, generando
mayores injusticias y desigualdades entre la ciudadanía.
Por otro lado, se está produciendo un empeoramiento
de la situación económica:se ha deprimido el consumo,
el crédito sigue sin fluir pese a las ayudas a las entidades
financieras, cae la actividad económica, y crece
el desempleo, que entre los jóvenes alcanza una tasa
cercana al 50%.
Cambio de ciclo político
El cambio de ciclo político iniciado en las elecciones
municipales y autonómicas de mayo de 2011, y que
culminó en noviembre pasado con el triunfo por mayoría
absoluta del PP, ha provocado la mayor concentración
de poder institucional que ha tenido fuerza política alguna
desde el inicio de la democracia. El nuevo gobierno,
lejos de corregir las fracasadas políticas anteriores,
ha optado por insistir y profundizar en ellas. Nunca un
Gobierno hizo tanto y en tan poco tiempo por acabar
con la arquitectura social y laboral que entre todos
decidimos poner en marcha tras las primeras elecciones
democráticas de 1977, y que fue consagrada por
la Constitución española.
Insistir en las citadas políticas es suicida.La ausencia de
actividad económica es la que explica que el desempleo
siga creciendo en España. Hace ya dos años y medio
que el movimiento sindical propuso un Pacto por el
Empleo, con participación de los poderes públicos, las
organizaciones sindicales y empresariales y las fuerzas
políticas parlamentarias. Un Pacto que contemple la política
fiscal, la reforma del sistema financiero, la política
de rentas, el control de los precios, la política industrial,
y que combine las medidas de flexibilidad interna en las
empresas con otras destinadas a la reactivación económica
y al cambio del modelo productivo. Ni este ni el
anterior Gobierno fueron sensibles a esta propuesta.
Ahora nos encontramos con una nueva reforma laboral,
aprobada mediante Real Decreto, sin negociación
con los interlocutores sociales, que no respeta el
reciente acuerdo entre las organizaciones sindicales y
empresariales, y que tanto en la forma como en el fondo
puede ser inconstitucional. Una reforma aplaudida
por los empresarios y por los foros internacionales que
defienden las políticas de ajuste.
La reforma laboral del Gobierno que preside Mariano
Rajoy interrumpe el derecho del trabajo y lo reemplaza
por una ilimitada arbitrariedad empresarial;
facilita y abarata el despido; no reduce las
modalidades de contratación y por el contrario
las aumenta y precariza; introduce
discriminaciones en las posibilidades de
empleo; rompe el equilibrio de la negociación
colectiva; y abre las puertas al despido,
por primera vez, en las Administraciones
Públicas.
Pero, además, se asesta un duro golpe
a nuestro modelo social, a los pilares del
Estado de bienestar: la sanidad, la educación y las
políticas sociales. La constitución, hace unas semanas,
de la Plataforma en defensa del Estado de bienestar
y los servicios públicos es una excelente herramienta
para unir a amplios colectivos de la sociedad española
y combatir los recortes de las políticas públicas. Por si
fuera poco, el Gobierno anuncia su voluntad de eliminar
o devaluar importantes derechos civiles como el
derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo,
el matrimonio homosexual o los derechos de la inmigración.
De no evitarlo asistiríamos a una quiebra de
nuestro modelo de convivencia, y a la confirmación de
un programa de acción política sometido a las exigencias
de los mercados financieros.
“Además, se asesta un duro golpe a nuestro
modelo social, a los pilares del Estado
de bienestar: la sanidad, la educación y
las políticas sociales”
Por todo ello, el Comité Confederal de UGT y el
Consejo Confederal de CCOO, máximos órganos
de dirección de ambos sindicatos, han decidido
convocar una huelga general el 29 de marzo, y
mantener la presión social hasta que el Gobierno
rectifique y abra una negociación para abordar
la situación aquí denunciada. Hacemos un llamamiento
a los trabajadores y trabajadoras de la
producción y los servicios, de las Administraciones
Públicas,para que participen en esta huelga. Igualmente,
nos dirigimos al resto de la ciudadanía para
que la apoye y se manifieste contra estas medidas
que, de llevarse a cabo, acabarán con derechos
históricos, que tanto nos costó conquistar.
¡QUIEREN ACABAR CON TODO!
HUELGA GENERAL EL 29 DE MARZO
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